PSICOLÓGICAS Y PSICOPRÁCTICAS
LILIAN ALARCÓN DURÁN
Me refiero a las evaluaciones que se les viene a los funcionarios de la judicatura, cortes y juzgados del país, como parte del proceso de reestructuración del sistema judicial del país, emprendido hace tres meses por el Consejo de la Judicatura de Transición. Uno de los ejes estratégicos de la reforma procesal de la justicia, parte del talento humano como modelo nuevo de gestión. De estas valoraciones, quienes no obtengan el mínimo puntaje, que es 70 puntos sobre 100, serán cesados e indemnizados, de acuerdo al Reglamento expedido para el efecto.
Se dice que los parámetros para la evaluación son los siguientes: productividad del juez o funcionario; disciplina, es decir, si tiene o no sanciones; capacitación, cursos, maestrías, doctorados (Ph.D), y los exámenes psicológicos, -a mi entender muy necesarios-, y de conocimientos.
Los puntajes asignados son: 30% por productividad, dentro del cual, el 10% se medirá por cantidad y el 20% por calidad; Un 10% por capacitación, 10% por expedientes disciplinarios, 40% de la prueba de conocimientos y un 10% de la prueba psicológica y psicopráctica.
Este proceso, -no para quienes se acogen a la jubilación o a la venta de renuncias-, tiene perturbados a los servidores judiciales, y comenzará el 27 de noviembre con las pruebas psicológicas y psicoprácticas, y el 10 de diciembre los exámenes de conocimiento; les preocupa sobremanera que al considerar sus expedientes personales, se les vaya a restar entre 5 y 10 puntos a quienes durante su carrera hayan tenido alguna amonestación o sanción disciplinaria, pues para nadie es desconocido que los expedientes abiertos por “oficio” en algunos casos, son inquisidores, (persecución), aspecto que merece investigación por el Consejo de la Judicatura actual, además sería un doble juzgamiento por una misma causa y eso, de entrada, ya es inconstitucional.
En fin, todo cambio provoca diversos tipos de reacciones: entre los judiciales, el de la zozobra al no saber qué va a suceder, aunque confían sean respetados sus derechos esenciales; y entre la ciudadanía, se espera que los resultados de este proceso garantice juezas y jueces probos, equilibrados, sin complejos, serenos, que confluyan en una justicia expedita, honesta, eficaz, , equitativa y sobre todo, independiente.
Portoviejo 18 de Noviembre de 2011
